Urbanización y defensa del territorio. (Miguel Amorós)

“Digan ustedes lo que quieran, llámenlo tonto, infantil, lo que quieran, pero ¿no les entran ganas de vomitar a veces de ver lo
que estan haciendo con Inglaterra, con sus estanques de cemento y sus enanitos
de yeso, con sus duendes y sus basuras en los lugares donde antes estaban los hayedos? … ¡Subir a por aire! Si no hay aire”
(George Orwell, Subir a por aire)
Toda sociedad, en la medida en que reposa sobre un hábitat, es una apropiación del territorio. Éste, en el curso de los años, es
modificado lentamente por la actividad humana, y a su vez, debido a sus peculiaridades geográficas, determina dicha actividad. No
hace falta recalcar el papel que los lugares han tenido en la formación de las sociedades para afirmar que Historia y Geografía –o
Sociedad y Naturaleza– se han condicionado mútuamente. La Revolución Industrial alteró profundamente esa reciprocidad,
liberando a la sociedad de los condicionantes territoriales, pero a muy alto precio. Por un lado, la ordenación territorial, gracias al
urbanismo, se convirtió en un medio de acumulación de capital; por el otro, la posesión del territorio por el capital, es decir, su
transformación en mercancía, acarreó su arrase. Recuérdense por ejemplo el estado deplorable de las zonas industriales o mineras de
antaño. Bajo el dominio del capital, la liberación de la sociedad de las constricciones impuestas por la naturaleza fue terrorista. Sin
embargo, el proceso no se desarrolló simultáneamente en todas las direcciones. En sus inicios, el espacio del capital era
fundamentalmente territorio urbano. Las gentes que vivían en el campo, no realizando sino ocasionalmente intercambios con dinero,
quedaban en gran parte fuera de las leyes de la economía. Pero en un periodo relativamente corto de la Historia esto dejó de ser así,
de forma que, en la actualidad, todo el territorio sufre las consecuencias de la mundialización de la economía y, por consiguiente,
todo el territorio es real o potencialmente urbano. Europa se convierte en una red de manchas metropolitanas en expansión,
tendiendo a formar una megalópolis continental dispersa. En esas condiciones, la apropiación social del territorio es inseparable de
su degradación y de su destrucción.
El fin de la agricultura tradicional, la última barrera a la descomposición territorial, significó la constitución de un mercado global
del territorio. Arrancado a su existencia casi extraeconómica –como el agua o el aire–, el territorio será “clasificado” y entregado al
mercado. La motorización de la población y la apertura de accesos posibilitaron que las ciudades perdieran sus límites y que las
segundas o terceras residencias, reflejo de la prosperidad de determinados sectores, desplazaran a las actividades rurales. De este
modo, irían cayendo todos los obstáculos físicos, lingüísticos, culturales, psicológicos, morales, etc., que definían la identidad
territorial, dando como resultado la desaparición del lugar, la muerte de su carácter y de su singularidad. En un espacio integrado, el
territorio no urbano es, o bien, reserva “no programada” de lo urbano, o bien decorado naturalista de lo urbano. Ello ha comportado
tal dislocación en las formas de vida, tal trivialización de lugares y gentes, tales amenazas a la seguridad o a la salud, que el
cuestionamiento de los responsables ha sido inevitable. La voluntad de resistir al proceso de banalización generalizada (a la
proletarización del hábitat) y a sus consecuencias nocivas subyace en cada contienda territorial, pero no obstante, esa voluntad casi
nunca llega a expresarse con claridad, ya que se halla mediatizada por los intereses creados en las primeras fases del conflicto, en el
tránsito de una economía agrícola a una economía de servicios. Estos intereses parciales redefinen una “identidad local” que trata de
presentarse como auténtica, tras la que se esconde un grupo social concreto. En efecto, el cambio económico en el campo ha
supuesto a la vez que la desaparición del campesinado strictu sensu, la aparición de una clase media neorrural formada a partir de la
compraventa de tierras y de la economía generada por los habitantes de las urbanizaciones residenciales (los “domingueros”). No se
trata de un campesinado de nuevo cuño, ni tiene demasiado que ver con el sindicalismo agrario, aunque sí con la política local. La
componen tanto pequeños productores como funcionarios, estudiantes, comerciantes o trabajadores por cuenta propia. Esta nueva
clase es consciente de su origen, la terciarización de la economía, por lo que no cuestiona el proceso que la hizo nacer, pero sí, en
cambio, cuestiona sus excesos. Ni siquiera desea volver atrás, a situaciones menos ruinosas. La destrucción presente vale, la futura,
ya no; sí a los adosados, no a su proliferación más allá de un límite y así sucesivamente. La dinámica uniformadora y destructora de
los procesos urbanísticos pone en peligro su prosperidad y la impulsa a la acción, canalizada por un tipo de organización
determinado llamado “plataforma cívica”.
De modo general, las plataformas consideran el territorio como naturaleza y no como lugar donde vive gente. Por eso para ellas lo
importante es “conservar el paisaje como un elemento clave de la identidad colectiva” (Declaración de Figueres, Primera Trobada
d’Entitats i Plataformes en Defensa del Territori, octubre 2003) y no recrear las asambleas comunales y las formas de cooperación
no capitalistas, la verdadera base de la identidad perdida. La identidad parece no ser un hecho histórico, sino un acontecimiento
intemporal y eterno. Sobre los espacios naturales reposa algo así como una denominación de origen. Así pues, el territorio puede
soportar cualquier actividad económica extraña, a condición de ser planificada y diversificada por un consejo asesor, amparándose
en leyes proteccionistas y financiándose con tributos verdes. Los incumplimientos deberían ser perseguidos por una fiscalía
específica y castigados por un juzgado ambientalista. Según tal programa, no parece que haya conflicto territorial, sino alteraciones
sin demasiada importancia de la buena marcha de la economía que pueden corregirse con una burocracia juridicopolítica. Más
concretamente, con la presencia de las plataformas en los centros de decisión. No piden, por lo tanto, éstas, el cese de las decisiones
tomadas desde el exterior por la administración y las empresas, y mucho menos la toma asamblearia municipal de decisiones, sino
“la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al territorio como elemento clave de un modelo realmente
democrático”. Esta democratización “completa”, definida en las agendas 21, a la vez que ahoga la posibilidad de una expresión
directa legitima la destrucción del territorio, evitando el planteamiento de la cuestión social en el seno del conflicto, y, por lo tanto,
evitando la formulación de una estrategia defensiva. Las plataformas no aspiran a mediar en el conflicto territorial, sino a sublimarlo.
Y ya que no desean enfrentarse a nadie, no van a fomentar la autoorganización de los afectados, cosa que equivaldría a promover la
revuelta territorial, sino a institucionalizar un diálogo con los responsables de la destrucción. Se trataría pues, de negociar los niveles
de degradación “racionalizando” la oferta territorial; en suma, de homologar la destrucción, determinar el grado de la misma y
garantizar el control. Retocar la forma, respetar el fondo. Los mismos responsables del poder dominante han de corregir las
consecuencias de su desarrollismo urbanizador con paliativos consensuados con los dirigentes de las plataformas, como por ejemplo
reservas naturales, turismo rural, auditorías y moratorias urbanísticas, subvención de cultivos, plantas de reciclaje, revisión de
planes, etc., pero sin afrontar las verdaderas causas, comenzando por el citado desarrollismo, ni atacar a los verdaderos responsables,
los promotores, las inmobiliarias, la administración, los operadores turísticos y los compradores de las ciudades. La defensa del
territorio queda reducida a simulacro merced a la desaparición de los enemigos, meros símbolos abstractos (p. e. la contaminación,
la especulación, el incivismo), y merced a la evaporación del combate, sustituido por gestos afectados y momentos teatralizados (p.
e. los almuerzos, las claxonadas, la entrega de firmas, etc.). La acción de las plataformas tiene más de campaña de sensibilización
comercial, mediática, que de lucha efectiva. Esa clase de actuación transforma a los afectados en espectadores de su propia causa el
control de la cual está en manos de portavoces o de alcaldes, en el redil asociativo o en el político. Sus verdaderos intereses,
esencialmente antieconómicos, no llegan a formularse. Desde el principio la opinión plataformil acepta la mercantilización del
territorio, pero exige una gestión más eficaz a largo plazo (un nuevo modelo de crecimiento, de movilidad, de urbanismo, etc.) y una
reinversión de parte de los beneficios producidos, por así decir, un reciclaje de las plusvalías. La “nueva cultura del territorio”, o
nueva manera de uso y consumo territorial, eslogan en boca tanto de los ecologistas como de los ejecutivos, simplemente proclama
que en la nueva economía global el impacto medioambiental ha de incluirse en el precio.
El hecho de que políticos y empresarios sostengan un parecido lenguaje indica que el poder económico está dispuesto a dirigir la
defensa del territorio, es decir, a controlar su destrucción, puesto que su conservación paisajística es tan rentable como lo fue antes
su devastación. No es por casualidad que las mayores inversiones después de las del AVE sean las destinadas a la energía eólica. El
poder se crece con las crisis. Si la destrucción del territorio mediante la urbanización es el principal recurso para la formación del
capital, también lo está empezando a ser su reconstrucción ajardinada. Poder y plataformas comparten un espacio común. Por eso las
plataformas de La Noguera (Lleida), que trabajan “por una nueva cultura de la energía, han solicitado a los diferentes responsables
de los departamentos de Medio Ambiente y de Industria poder colaborar en una comisión conjunta, entre empresas, municipios y
Generalitat, que racionalice la oferta energética” (Xavier Garcia, Catalunya es revolta). Las plataformas ecologistas imploran un
diálogo con el poder en el momento en que éste se vuelve ecologista; forzoso es que se encuentren, primero en los consistorios,
después en la administración (p. e. en los gabinetes de medio ambiente), finalmente, en las asesorías privadas y en consejos de
empresa. La destrucción, sin embargo, no se detiene, sólo que ahora se la califica de “sostenible”, y, en la medida en que los
representantes de las plataformas la fiscalizan, de “gestión democrática”. Es la “nueva cultura del territorio”. Las plataformas se
interesan en la democracia cuando no es más que un espejismo. Porque si algún adjetivo merece el actual régimen político de las
sociedades donde reina el espectáculo, es el de fascista. No vivimos en una sociedad de ciudadanos, sino en una de masas, en las que
los impulsos consumistas y la asistencia tecnológica desempeñan el papel controlador y movilizador otrora atribuido al Estado
totalitario y al partido único. Esta nueva modalidad de fascismo no se sostiene con un expansionismo bélico al servicio de un Estado
cualquiera, sino mediante un expansionismo económico en guerra contra el territorio y sus habitantes, vigilado por un Estado
policía. En estas circunstancias, la formulación de un interés público desde instancias estatales es pura falacia. Bajo el fascismo,
todos los partidos son piezas de un único partido, el del orden. Y todos los políticos defienden el predominio de los intereses
privados sobre el interés público, o dicho de otra manera, la economía de mercado. En consecuencia ni la política ni la
administración pueden ser neutrales y mediar entre dichos intereses. Ambas forman parte de la clase dirigente. Ambas acostumbran
a financiarse con la recalificación del suelo. El capitalismo globalizador se basa en la gestión y no en la propiedad, igual que los
partidos, por lo que cuando nos paramos ante la política o ante la administración, nos paramos ante empresas. Ahora mismo nos lo
podrían decir los trabajadores de Parques y Jardines de Barcelona, puesto que el ayuntamiento va a privatizar la institución
municipal de la que dependen. Ante una realidad así, los habitantes no son dueños de su territorio ni de sus ciudades: son clientes de
quienes los gestionan. Clientes sin opción a elegir, con un solo plato en el menú.
La administración no es parte de la solución, sino parte del problema. En la mayoría de los casos, esté en manos de la derecha o de la
izquierda política, es la principal valedora de las agresiones al territorio, sean ya túneles, trazados para la alta velocidad, pistas de
esquí o megapuertos. Una defensa del territorio –una defensa de sus habitantes– ha de tener claro que la administración es el
enemigo y abandonar toda tentación política. Los temas que un movimiento en defensa del territorio ha de plantearse, como la
reapropiación de la decisión por parte de los habitantes, el derecho a ser los únicos en decidir sobre su hábitat, son abiertamente
antipolíticos. La detención de todos los planes generales de ordenación urbana, la desclasificación del suelo como urbanizable o los
proyectos desurbanizadores, con demoliciones incluidas, están en flagrante contradicción con los principios en los que se sustenta la
política y para asumir esos objetivos con eficacia se necesitará transitar la mayoría de las veces lejos de la normativa y de las
instituciones. Los partidos y las instituciones administrativas no pueden representar el interés público porque forman parte del
sistema, porque ellos mismos representan intereses privados, y porque son instrumentos contra la formación de los mecanismos de
decisión colectiva y las movilizaciones. Aseguran el mango de la sartén. Con ellos nunca podrán afrontarse las medidas necesarias
para reducir severamente la movilidad de la población o acabar con el despilfarro de agua y energía. Mucho menos se podrá
recuperar el mundo rural y se podrá poner límite a las ciudades. Tal como están hoy los movimientos en defensa del territorio,
contaminados hasta las cejas de esporas políticas y ciudadanistas, no tienen demasiado porvenir. Si aquéllas germinan y se
desarrollan, convertirán la defensa del territorio en un factor subalterno de su destrucción más o menos encauzada. Pero si saben
sacudirse tales deshechos, si se convierten en polos de agrupación y llegan a formular un interés general apoyado en las medidas
antes mencionadas, pueden ser un factor determinante de cambios revolucionarios. Han de aprender de los fracasos del movimiento
obrero y no caer, ni en la trampa gestionista vecinal, ni en el sindicalismo territorial. Nunca enajenar su voluntad en manos de
representantes no elegidos y ni revocables. No permitir la especialización política, excluir a los dirigentes. En eso consiste la
autoorganización. La defensa ha de iluminar bien la lucha por el territorio, reflejar los antagonismos, señalar con nombres y
apellidos a los adversarios, ensanchar los puntos de ruptura. No ceder al acoso ni a la seducción. Su irrenunciable objetivo ha de ser
la liberación del territorio de las determinaciones mercantiles, y eso significa acabar con el territorio como territorio de la economía.
A fin de cuentas, ha de establecer una relación respetuosa entre el hombre y la naturaleza, sin intermediarios. En definitiva, se trata
de reconstruir el territorio y no administrar su destrucción. Esa tarea compete a los que viven en él, no a los que invierten en él, y el
único marco donde esto es posible es el que proporciona la autogestión territorial generalizada, es decir, la gestión del territorio por
sus propios habitantes a través de asambleas comunitarias.
Miguel Amorós
30 de julio de 2004. Charla en la Acampada contra el TAV de Alonsotegui (Bizcaia).

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